¿Qué es el delito de prevaricación? Descúbrelo Aquí

A poco que enciendas la radio, abras el periódico o veas la televisión, es más que probable que te encuentres con algún supuesto de delito de prevaricación en las noticias.

Aunque esta conducta delictiva se ha popularizado en los últimos años porque se suele hablar de ella con frecuencia, lo cierto es que fuera del ámbito jurídico pocas veces los ciudadanos tienen claro de qué se trata realmente.

Para que no tengas más dudas al respecto, déjame explicarte en qué consiste exactamente este delito y qué penas prevé para él el Código Penal (CP).

¿Qué es el delito de prevaricación?

El Libro II del CP está dedicado a los delitos y sus penas, para encontrar la prevaricación nos tenemos que ir hasta el Título XIX, que recoge los delitos contra la Administración Pública.

Estas son conductas que intentan afectar el buen desempeño de las autoridades y funcionarios que se encargan de gestionar los asuntos públicos.

No creas que son delitos menores, ni mucho menos, porque el bien jurídico protegido es de interés general: el buen funcionamiento de la Administración Pública, y es que este es esencial para que los ciudadanos tengamos confianza en las instituciones.

Dentro de este Título XIX, el Capítulo I está dedicado a la “prevaricación de los funcionarios y otros comportamientos injustos”. Llegamos así a los artículos 404 a 406, que son los que definen la conducta típica y nos dicen que hay dos formas de cometer este delito:

• Dictando una resolución a sabiendas de que es injusta, con la intención de favorecer a una persona o de causarle un perjuicio.
• Nombrando, proponiendo o dando posesión a una persona de un cargo público sin que se cumplan los requisitos legales para ello.

Los ciudadanos de a pie no podemos dictar resoluciones ni nombrar a cargos públicos, así que ya imaginarás que este es un delito que solo puede ser cometido por funcionarios y autoridades públicas.

Elementos que configuran el delito de prevaricación

En la práctica me encuentro con que no siempre es sencillo identificar una prevaricación, porque puede llegar a confundirse con otras conductas también tipificadas como delito.

Para entender que hay delito de prevaricación, deben estar presentes todos estos elementos:

Sujeto activo

Tiene que ser necesariamente un funcionario público o una autoridad. Alguien, en definitiva, que tenga competencia para dictar una resolución arbitraria o para hacer un nombramiento en contra de lo que dispone la ley.

Es decir, que el delito puede ser cometido por jueces, fiscales, policías, administrativos, etc.

Resolución arbitraria

Es una decisión claramente injusta y carente de fundamento legal o racional. Es decir, que se dicta totalmente al margen de la ley.

Imagina que soy el funcionario encargado de aprobar las licencias de obra mayor en el Ayuntamiento, y concedo una a sabiendas de que la solicitud no cumple los requisitos mínimos exigidos, por ejemplo, un proyecto debidamente visado por el colegio de arquitectos correspondiente.

Dolo

Nadie incurre en prevaricación por imprudencia. En este delito siempre debe haber dolo, entendido este como el conocimiento de que se está obrando de forma arbitraria y con la voluntad de dictar esa resolución que se sabe que es injusta.

La acción y la omisión en el delito de prevaricación

Es posible que creas que la prevaricación solo se puede cometer a través de una acción: dictando una resolución o haciendo un nombramiento injusto. Sin embargo, no es así, porque esta modalidad delictiva también admite la comisión mediante omisión.

Esto sucede cuando el funcionario o autoridad se abstiene de hacer aquello que está obligado a hacer. Por ejemplo, si un policía que detecta a un conductor bajo los efectos del alcohol no elabora el correspondiente atestado policial para dar inicio al juicio rápido. O si un juez que ha recibido una demanda de ejecución de sentencia no hace nada para que el fallo se lleve a efecto.

Penas para el delito de prevaricación

• Resolución arbitraria. Se impone una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y también para el ejercicio del derecho de sufragio activo, por un tiempo que puede ir de nueve a 15 años.
• Nombrar, proponer o dar posesión de un cargo público de manera ilegítima. La pena es una multa de tres a ocho meses y suspensión para empleo o cargo público por entre uno y tres años.

Como particularidad, también se sanciona a la persona que acepta ese nombramiento injusto sabiendo que no cumple los requisitos para ello. En este caso se impone una multa de entre tres y ocho meses.

Corrección voluntaria

Si el autor del delito corrige de forma voluntaria su acción antes de que se inicien actuaciones legales contra él, puede beneficiarse de una atenuación de la pena. En los casos menos graves, esta corrección por iniciativa propia puede extinguir la responsabilidad penal.

Eximente

En caso de concurrir circunstancias eximentes, como que el autor haya actuado coaccionado por la orden de un superior, puede quedar exento de responsabilidad criminal.

El caso especial de la prevaricación judicial

Además de la cometida por funcionarios y autoridades, el Código Penal regula en su artículo 446 la prevaricación judicial, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia.

Se comete este delito cuando un juez o un magistrado dicta una sentencia o cualquier otra resolución a sabiendas de que es manifiestamente injusta.

El castigo en este caso será:

• Prisión de uno a cuatro años si la sentencia se da en un caso por delito grave o menos grave, pero no llega a ejecutarse.
• Prisión de uno a cuatro años en su mitad superior y multa de 12 a 24 meses si la sentencia se ha ejecutado.
• En ambos casos se impone una inhabilitación absoluta de 10 a 20 años.
• Si lo que se dicta es una sentencia injusta contra un reo en un proceso por delito leve, la pena es una multa de seis a 12 meses e inhabilitación especial de seis a 10 años.
• Cuando se dicta cualquier otra resolución o sentencia injusta, el castigo es una multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 10 a 20 años.

También hay prevaricación judicial cuando el juez o magistrado se niega a juzgar sin causa legal para ello o si dilata de forma maliciosa el procedimiento para conseguir una finalidad ilegítima. En ambos casos se impone una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años. La pena se aplica en su mitad superior si la conducta consiste en provocar un retardo malicioso.

Preguntas frecuentes sobre el delito de prevaricación

Desde Ródenas Abogados te damos respuesta a algunas de las dudas más comunes que existen en torno a este delito:

¿Qué consecuencias tiene el delito de prevaricación?

Además de la imposición de la pena prevista en el Código Civil, el funcionario tiene que indemnizar los daños que ha causado a las personas con su resolución. Es decir, que debe abonar la responsabilidad civil.

Por otro lado, la resolución o nombramiento dictado de forma contraria a la ley se considera nula de pleno derecho y se entiende que nunca ha surtido efectos.

¿Qué tipos de prevaricación existen?

• Administrativa. Cuando se da en el seno de una relación administrativa.
• Judicial. Cometida por jueces o magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
• Nombramiento ilegal. Cuando se propone o nombra a alguien para un cargo público no cumpliendo esa persona los requisitos para ello.

¿Cuál es la diferencia entre prevaricación y cohecho?

En la prevaricación el funcionario dicta la resolución por su propia voluntad, con ánimo de perjudicar a una persona o de beneficiar a otra. En cambio, en el cohecho el funcionario dicta una resolución injusta a cambio de una ventaja indebida.

En el ejemplo que hemos visto antes del funcionario que concede una licencia de obra mayor indebidamente, hay prevaricación si lo hace porque el solicitante es su amigo y le quiere beneficiar. Hay cohecho si el solicitante le ofrece dinero a cambio de que le conceda la correspondiente licencia.

¿Pueden los abogados y los procuradores cometer prevaricación?

Nosotros no somos funcionarios, así que no podemos ser sujetos activos de este delito. Sin embargo, sí podemos llegar a ser culpables de otros delitos relacionados con la Administración de Justicia como el cohecho o el tráfico de influencias.

Por ejemplo, el abogado que paga dinero a un juez para que este dicte una sentencia que absuelva a su cliente.

Tampoco cualquier otro ciudadano puede cometer prevaricación, porque se trata de un delito especial que solo pueden llevar a cabo quienes tienen la condición de funcionarios públicos o autoridades.

¿Quién puede denunciar la prevaricación?

Cualquier persona que tenga conocimiento de un delito de este tipo puede denunciarlo. Desde Ródenas Abogados siempre recomendamos consultar previamente con un especialista legal, porque hay acciones u omisiones procedentes de funcionarios que, si bien pueden resultar injustas para ciertas personas, no constituyen un delito.

Una vez que se tiene claro que la conducta detectada es un delito, se puede proceder a interponer denuncia ante el juzgado de guardia, la fiscalía o en una comisaría de policía. En caso de que el caso te afecte personalmente y hayas resultado perjudicado por esa resolución, puedes interponer una querella para exigir responsabilidad penal al sujeto activo