¿Qué es la prisión provisional y cuándo se aplica en España?

La prisión provisional, también conocida como prisión preventiva, es la medida cautelar más severa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ya que supone la privación de libertad de una persona que aún no ha sido condenada por ningún delito.

A primera vista, esta medida podría interpretarse como una vulneración del principio de presunción de inocencia, pero no es así. La prisión provisional no tiene como finalidad castigar al acusado ni promover su reinserción, sino que se adopta de manera excepcional para garantizar el correcto desarrollo de la investigación y asegurar que el juicio pueda celebrarse sin interferencias.

Existe un gran desconocimiento sobre esta medida, lo que lleva a muchas personas a creer erróneamente que quien es enviado a prisión provisional es, necesariamente, culpable. Para evitar confusiones, es fundamental comprender en qué consiste esta medida y cuáles son sus verdaderos objetivos.

Prisión provisional: Definición, características y finalidad

El término prisión provisional nos ofrece ya una idea clara de su significado al estar compuesto por dos conceptos clave:

• Prisión: Supone la privación de libertad de una persona.
• Provisional: Indica que dicha privación es temporal y no implica una condena definitiva.

A menudo, también se utiliza el término prisión preventiva como sinónimo, lo que refuerza su carácter de medida cautelar adoptada para prevenir riesgos durante el proceso penal, como la fuga del acusado o la desaparición de pruebas.

Se trata de una herramienta legal a la que pueden recurrir los jueces y magistrados para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento. Como medida cautelar, la prisión provisional puede ser revisada, modificada o levantada en función de la evolución del caso y las circunstancias del investigado.

Regulación, requisitos y excepciones de la prisión provisional en el proceso penal

La prisión provisional es una medida cautelar que implica la privación de libertad de una persona mientras se instruye una causa penal. Su regulación se encuentra en los artículos 502 a 519 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), donde se establecen de manera estricta los supuestos en los que puede decretarse y las condiciones en que debe aplicarse.

Procedimiento para su adopción

La prisión provisional se impone a través de un auto judicial motivado, dictado por el juez tras valorar si concurren los requisitos legales para su aplicación. Dado que esta medida restringe un derecho fundamental como la libertad, la Ley establece que solo debe adoptarse cuando no exista una alternativa menos lesiva.

Cuando un abogado asume la defensa de un acusado sujeto a prisión provisional, es habitual interponer un recurso de apelación contra la resolución judicial con el objetivo de lograr su revocación y que el investigado permanezca en libertad provisional durante la instrucción del caso.

En la práctica, lo habitual es que una persona acusada de un delito permanezca en libertad durante la instrucción y que solo ingrese en prisión tras una sentencia firme. Por ello, la prisión provisional es una medida excepcional y nunca puede convertirse en la norma general.

¿Cuándo se puede decretar la prisión provisional?

Para que un juez pueda imponer la prisión provisional, deben cumplirse simultáneamente tres requisitos esenciales:

1. Gravedad del delito
   • La infracción penal debe estar castigada con una pena privativa de libertad igual o superior a dos años.
   • Si el acusado tiene antecedentes penales por un delito doloso previo, puede ser enviado a prisión provisional aunque la pena prevista sea inferior a dos años.
2. Existencia de indicios de criminalidad
   • Deben existir indicios racionales de que el acusado es responsable del delito investigado.
3. Finalidad de la medida
   • La prisión provisional solo puede acordarse si cumple alguno de los objetivos legalmente previstos.

Fines de la prisión provisional

Dado su carácter excepcional, el juez solo puede imponer la prisión provisional si es la única medida posible para garantizar alguno de estos fines:

• Evitar la fuga del investigado, asegurando su presencia en el juicio.
• Impedir la destrucción o alteración de pruebas.
• Proteger a la víctima, evitando represalias o nuevas agresiones.
• Prevenir la reiteración delictiva, cuando exista riesgo de que el investigado cometa nuevos delitos.

Si no concurren estos requisitos y finalidades, no es posible decretar la prisión provisional, sin importar la gravedad del delito o la aparente culpabilidad del acusado.

Casos en los que no se puede aplicar la prisión provisional

La LECrim establece expresamente situaciones en las que no se puede decretar prisión provisional, entre ellas:

• Si el investigado es menor de 16 años.
• Si la pena prevista para el delito no alcanza los dos años de prisión.
• Si existen indicios de que el hecho investigado no constituye un delito o existen causas que justifiquen su comisión.

En cuanto a personas de edad avanzada o con enfermedades graves, la ley no excluye la posibilidad de prisión provisional si se cumplen los requisitos para ello. No obstante, en estos casos es frecuente que la privación de libertad se sustituya por arresto domiciliario.

La prisión provisional, por tanto, es una medida excepcional, restrictiva y sujeta a estrictos controles judiciales, cuya aplicación debe ser siempre debidamente justificada.

Duración máxima de la prisión provisional y su posible prórroga según la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La duración de la prisión provisional depende del delito investigado y de la pena privativa de libertad prevista en el Código Penal.

• Si el delito tiene una pena de hasta 3 años de prisión, la prisión provisional no puede exceder de un año.
• Si la pena prevista supera los 3 años, el límite máximo es de dos años.

Posibilidad de prórroga

Dado que la Justicia suele sufrir retrasos debido a la acumulación de trabajo en juzgados y tribunales, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) contempla la posibilidad de prorrogar la prisión provisional en determinados casos.

Mediante un auto motivado, el juez puede extender la medida:

• Hasta dos años adicionales si la pena prevista es superior a 3 años de prisión.
• Hasta seis meses adicionales en delitos con penas de hasta 3 años de prisión.

Prisión provisional tras la condena y presentación de recurso

Si el acusado es condenado en primera instancia pero recurre la sentencia, la prisión provisional puede extenderse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.

Duración real de la prisión provisional

Es importante aclarar que estos plazos representan los límites máximos, pero no significan que toda persona sometida a prisión provisional deba permanecer privada de libertad por ese tiempo.

La regla general establecida en la LECrim es que la prisión provisional solo debe durar el tiempo estrictamente necesario para garantizar los fines que justificaron su adopción y debe mantenerse únicamente mientras persistan las circunstancias que motivaron su aplicación.

Compensación del tiempo en prisión provisional

En caso de que el acusado sea condenado, el tiempo que haya pasado en prisión provisional se descontará de la pena impuesta.

Por ejemplo, si una persona es condenada a tres años de prisión y ha pasado un año en prisión provisional, solo le restarán dos años por cumplir.

Preguntas frecuentes adicionales sobre la prisión provisional

¿Puede una persona en prisión provisional acceder a beneficios penitenciarios?

No. La prisión provisional no se considera cumplimiento de condena, por lo que el acusado no puede acceder a beneficios penitenciarios como permisos de salida, tercer grado o libertad condicional. Solo podrá optar a estos beneficios si es condenado y comienza a cumplir su pena.

¿Puede una persona en prisión provisional recibir visitas y comunicarse con el exterior?

Sí. Aunque la prisión provisional implica restricciones, el interno puede recibir visitas y realizar llamadas telefónicas, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa penitenciaria y bajo supervisión, especialmente si hay riesgo de destrucción de pruebas o contacto con otros investigados.

¿Qué sucede si, después de estar en prisión provisional, la persona es declarada inocente?

Si el acusado es absuelto o el caso se archiva, tiene derecho a reclamar una indemnización por el tiempo que ha estado privado de libertad, siempre que pueda demostrar que se produjo un error judicial o una privación injustificada. Sin embargo, esta indemnización no es automática y debe solicitarse mediante un procedimiento legal específico.