¿Qué es un Acto Presunto y Cómo Afecta tus Derechos Administrativos?

El acto administrativo se clasifica en dos modalidades: el acto presunto, también conocido como silencio administrativo, y el acto expreso. Cada uno de ellos sigue un tratamiento distinto dentro del proceso administrativo. En este artículo, nos centraremos en explicar todo lo que necesitas saber sobre el acto presunto, cómo funciona y en qué situaciones se aplica.

¿Qué se entiende como acto presunto?

El acto presunto, también conocido como silencio administrativo, es un mecanismo legal que protege los derechos de los ciudadanos frente a la inacción de la Administración Pública. Este tipo de acto se aplica cuando la Administración no emite una respuesta dentro del plazo legal establecido en un procedimiento administrativo.

Según el Diccionario Jurídico Español, el acto presunto es la aprobación o denegación implícita que la ley atribuye al silencio administrativo ante una solicitud o reclamación ciudadana, una vez transcurrido el tiempo legalmente establecido para responder.

¿Cómo funciona el acto presunto?

El acto presunto no surge por voluntad expresa de la Administración, sino por la falta de respuesta en el plazo estipulado, lo que genera automáticamente una resolución implícita. Este mecanismo puede actuar en dos direcciones:

• Silencio administrativo positivo: La falta de respuesta se interpreta como una aprobación de la solicitud presentada.
• Silencio administrativo negativo: La ausencia de respuesta equivale a una denegación de lo solicitado.

Ejemplo práctico para entender el acto presunto

Imagina que una persona ejerce su derecho a solicitar una autorización administrativa amparada por la Constitución. Si la Administración no responde dentro del plazo legal, el ciudadano podría considerar aprobada su solicitud mediante acto presunto de carácter positivo.

Este mecanismo garantiza la protección de los ciudadanos frente a la parálisis administrativa, ofreciéndoles una respuesta, aunque implícita, cuando la Administración no actúa a tiempo.

¿Dónde se regula el acto presunto?

El acto presunto está regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que forma parte del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley establece las reglas y principios que rigen las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.

Según lo dispuesto en el artículo 24, la Administración está obligada a emitir una respuesta expresa y pública en todos los procedimientos administrativos, independientemente de su origen o naturaleza. Sin embargo, cuando no se pronuncia en el plazo legalmente establecido, entra en juego el silencio administrativo, generando un acto presunto que puede ser positivo o negativo, según lo establecido por la normativa específica del procedimiento.

El plazo para resolver los procedimientos administrativos está regulado en los artículos 22 y 23 de la misma ley, donde se detallan las condiciones y límites temporales. El artículo 24, por su parte, describe de manera explícita la configuración del acto presunto en caso de inacción administrativa, garantizando así el derecho del ciudadano a obtener una respuesta, aunque sea implícita.

¿Qué tipos de actos presuntos existen?

Cuando se habla de acto presunto o silencio administrativo, se hace referencia a la falta de respuesta de la Administración en el plazo legal establecido. Dependiendo del procedimiento y la normativa aplicable, el silencio administrativo puede ser tributario, positivo o negativo. A continuación, explicamos cada uno:

1. Silencio Administrativo Tributario

En el ámbito tributario, la falta de respuesta en el plazo fijado por ley no se interpreta automáticamente como una resolución por silencio administrativo.

• La Administración está obligada a emitir un pronunciamiento expreso en procedimientos relacionados con la revisión de recursos tributarios y gestión de impuestos.
• No obstante, si no se cumple esta obligación en tiempo y forma, el silencio no genera automáticamente una resolución favorable o desfavorable, sino que la interpretación debe hacerse según lo dispuesto en la normativa específica del procedimiento tributario.

2. Acto Presunto Positivo

Cuando el silencio administrativo es positivo, la falta de respuesta de la Administración se considera una aceptación o concesión de lo solicitado.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, en procedimientos iniciados a petición del interesado, si la Administración no emite una respuesta dentro del plazo, el solicitante puede asumir que su solicitud ha sido aceptada. Esto aplica salvo que una ley específica, el Derecho de la Unión Europea o el Derecho Internacional establezcan lo contrario.

Excepciones al silencio positivo

El silencio administrativo no será positivo en los siguientes casos:

• Procedimientos cuya resolución implique la cesión de potestades sobre bienes o servicios públicos.
• Procesos relacionados con medio ambiente, donde el interés público prima sobre el derecho individual.
• Casos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

3. Acto Presunto Negativo

El silencio administrativo negativo implica que la falta de respuesta se interpreta como una denegación de la solicitud.

El artículo 24.1 de la Ley 39/2015 establece que en determinados procedimientos, la ausencia de resolución expresa debe ser entendida como rechazo. Esto se aplica en:

• Solicitudes relacionadas con el dominio público.
• Procedimientos que puedan afectar el medio ambiente.
• Recursos de revisión de actos previamente dictados por la Administración.

En el caso del recurso de alzada, si se interpone contra una denegación por silencio administrativo y la Administración no responde en el nuevo plazo establecido, el silencio puede interpretarse como aceptación de la solicitud, salvo que el procedimiento se encuentre entre las excepciones descritas.

¿Qué efecto genera el acto presunto?

El acto presunto, ya sea de aceptación o denegación, produce efectos sobre la solicitud del interesado de acuerdo con la modalidad de silencio administrativo correspondiente.

Según la Ley 39/2015, en procedimientos donde la Administración ejerce facultades sancionadoras, o en aquellos que puedan causar perjuicios graves al interesado, el efecto del acto presunto es la caducidad del procedimiento. Es decir, la falta de resolución expresa lleva a la culminación automática del proceso, sin que se produzca un pronunciamiento formal por parte de la Administración.

No obstante, el acto presunto no exime a la Administración de su deber de emitir una resolución expresa, aunque lo haga fuera de plazo. El solicitante puede seguir esperando dicha resolución, ya que no existe un plazo máximo para que la Administración cumpla con esta obligación.

¿Qué implica esto para el solicitante?

En términos prácticos, cuando el acto presunto es negativo, su principal efecto es permitir al interesado interponer los recursos correspondientes, como si hubiese recibido una denegación formal. Sin embargo, la solicitud no queda sin respuesta definitiva, ya que la Administración conserva la obligación de emitir una resolución expresa, incluso después de haberse generado el acto presunto.

En resumen:

• El acto presunto no finaliza la obligación de respuesta por parte de la Administración.
• La respuesta puede emitirse fuera de plazo, pero seguirá siendo válida.
• El solicitante tiene derecho a esperar la resolución o interponer un recurso para avanzar en el proceso legal.

Este mecanismo garantiza que el interesado pueda reclamar sus derechos sin quedar en una situación de indefensión, mientras se mantiene el principio de seguridad jurídica en el procedimiento administrativo.

¿Qué recursos se pueden interponer ante el acto presunto?

Si la Administración no responde en el plazo legalmente establecido y se configura un acto presunto, el interesado tiene la posibilidad de interponer diferentes recursos dependiendo de la naturaleza del acto. A continuación, te explicamos las opciones más comunes:

1. Recurso de reposición o recurso de alzada

Estos recursos son administrativos y no requieren acudir a la vía judicial. Se presentan ante el mismo órgano administrativo que dictó el acto o ante un órgano superior, según corresponda.

• Recurso de reposición: Revisión del acto presunto por el mismo órgano que lo emitió.
• Recurso de alzada: Presentado ante un órgano superior al que dictó el acto, siempre que no haya concluido la vía administrativa.

Nota importante: Estos recursos no requieren la intervención de un abogado.

2. Recurso extraordinario de revisión

Este recurso es menos habitual y solo procede en casos excepcionales, cuando se han agotado todas las vías administrativas. Se aplica cuando:

• Aparecen documentos esenciales desconocidos en el momento de la resolución.
• Se demuestra que la resolución se adoptó con error de hecho evidente.
• La resolución fue dictada con base en documentos falsificados.

Su finalidad es revisar actos administrativos firmes que ya no pueden ser impugnados por otras vías ordinarias.

3. Recurso contencioso-administrativo

El recurso contencioso-administrativo es un procedimiento judicial que exige la intervención de un abogado especializado en Derecho Administrativo. Se interpone ante los tribunales de lo contencioso-administrativo con el objetivo de impugnar el silencio administrativo negativo o anular disposiciones generales dictadas por la Administración Pública.

• Procede cuando el interesado busca anular el acto presunto negativo.
• Es la vía adecuada para objetar actos administrativos definitivos o impugnar disposiciones generales de carácter público.

Recursos ante el acto presunto negativo

En el caso de acto presunto negativo, no procede el recurso de alzada, ya que este tipo de recurso se utiliza para impugnar resoluciones expresas de un órgano administrativo inferior ante uno superior.

Por tanto, el solicitante deberá optar por las siguientes alternativas:

1. Recurso extraordinario de revisión: Procede solo en situaciones excepcionales, como la aparición de documentos esenciales desconocidos al dictar el acto, error de hecho evidente o actos basados en documentos falsos.
2. Recurso contencioso-administrativo: Es la vía judicial, donde es obligatoria la intervención de abogado y procurador. Este recurso permite impugnar el silencio administrativo negativo directamente ante los tribunales contencioso-administrativos.

¿Es lo mismo el acto presunto que el acto tácito?

Aunque acto presunto y acto tácito pueden parecer conceptos similares, es importante destacar una distinción clave entre ellos:

• Acto presunto: Surge del silencio administrativo, es decir, de la ausencia total de respuesta de la Administración dentro del plazo legal, lo que genera una resolución implícita, ya sea de aprobación o denegación de la solicitud.
• Acto tácito: Se basa en acciones o comportamientos de la Administración que, sin emitir una resolución formal, dejan clara su intención o posición respecto a la solicitud presentada.

Ejemplo de acto tácito

Imagina que una persona solicita una compensación por desempleo. La Administración no emite una resolución explícita, pero días después solicita al interesado su número de cuenta bancaria para realizar el abono. Aunque no hubo respuesta escrita, la acción administrativa deja claro que la solicitud fue aceptada, configurando un acto tácito.

En resumen, mientras el acto presunto se define por el silencio administrativo, el acto tácito se manifiesta a través de actos o hechos concretos que revelan la intención de la Administración sin necesidad de una resolución formal.

¿Por qué contar con un abogado en casos de silencio administrativo negativo?

Cuando te enfrentas a un acto presunto negativo, el proceso puede volverse complejo y técnico. Un abogado especializado podrá:

• Evaluar las posibilidades de éxito del recurso.
• Garantizar el cumplimiento de los plazos y requisitos legales.
• Defender tus intereses en los tribunales contencioso-administrativos, asegurando una representación legal adecuada.

Siempre es recomendable buscar asesoría profesional para evitar errores y maximizar las posibilidades de éxito en tu impugnación.