Responsabilidad penal de las personas jurídicas: GUIA COMPLETA

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un concepto legal que permite atribuir delitos a empresas, asociaciones u otras entidades cuando estos son cometidos en su nombre o para su beneficio. Desde la reforma del Código Penal de 2010, este principio busca asegurar que las organizaciones no queden impunes por conductas ilícitas, y contempla sanciones como multas, disolución o inhabilitación. Para evitar estos riesgos penales, es crucial que las empresas adopten programas de cumplimiento normativo efectivos.

¿Qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

Según el artículo 31 bis del Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplica cuando los delitos son cometidos por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho, actuando en beneficio de la entidad o en su nombre. Estas sanciones pueden incluir multas, disolución o inhabilitación, dependiendo de la gravedad del delito. Una vez cumplidas las penas impuestas, la empresa puede reincorporarse al tráfico jurídico y retomar sus actividades dentro del marco legal.

Antes de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se entendía que las empresas no podían ser responsables penalmente, ya que los delitos eran atribuibles únicamente a personas físicas. No obstante, con la reforma, se reconoce que las personas jurídicas también pueden beneficiarse de actos ilícitos como la apropiación indebida, el fraude o los delitos fiscales, y por lo tanto, pueden ser penalmente responsables por ellos.

Dado que una persona jurídica no puede cumplir penas de privación de libertad, las sanciones se ajustan a su naturaleza, siendo la multa económica y la privación de ciertos derechos las medidas más habituales.

¿Qué delitos puede cometer una persona jurídica?

Las empresas, como personas jurídicas, pueden ser responsables penalmente por una amplia variedad de delitos cometidos en su beneficio o bajo su nombre. Algunos de los delitos más comunes que pueden cometer son:

1. Delitos económicos y financieros:
   • Fraude y estafa.
   • Blanqueo de capitales.
   • Apropiación indebida.
   • Insolvencias punibles.
   • Delitos fiscales y contra la Hacienda Pública.
   • Alzamiento de bienes.
2. Delitos contra los derechos de los trabajadores:
   • Vulneración de los derechos laborales.
   • Delitos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
   • Explotación laboral y trata de seres humanos.
3. Delitos medioambientales:
   • Contaminación y vertidos ilegales.
   • Delitos relacionados con la gestión de residuos.
   • Delitos contra la protección del medio ambiente.
4. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial:
   • Falsificación de productos.
   • Infracción de derechos de autor o patentes.
5. Delitos informáticos:
   • Acceso ilícito a sistemas de información.
   • Daños informáticos y uso indebido de datos.
6. Delitos relacionados con la corrupción:
   • Cohecho.
   • Tráfico de influencias.
   • Corrupción en los negocios.
   • Sobornos a funcionarios públicos.
7. Delitos relacionados con la salud pública:
   • Tráfico ilegal de medicamentos.
   • Producción y comercialización de productos nocivos para la salud.
8. Delitos relacionados con la prostitución y la explotación sexual de menores:
   • Participación en redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
9. Delitos contra la intimidad y la confidencialidad:
   • Revelación de secretos empresariales.
   • Delitos contra la privacidad y protección de datos.
10. Delitos relacionados con la energía y la seguridad:
    • Delitos relativos a la energía nuclear.
    • Delitos de riesgo causados por explosivos.

Penas aplicables a las personas jurídicas

Las personas jurídicas pueden enfrentar diversas sanciones por la comisión de ciertos delitos. A continuación se detallan las principales penas que pueden ser impuestas:

1. Disolución de la persona jurídica

La disolución implica la pérdida definitiva de la personalidad jurídica, lo que significa que la entidad ya no podrá operar ni realizar actividades de ningún tipo, incluso si son lícitas. Además, puede imponerse una multa proporcional al delito cometido o por cuotas.

2. Suspensión de actividades

Se puede ordenar la suspensión de las actividades de la empresa, así como el cierre de sus locales o establecimientos, por un periodo máximo de cinco años. Esta sanción incluye la prohibición de continuar con actividades relacionadas con el delito cometido, pudiendo ser temporal (hasta quince años) o definitiva.

3. Prohibición de realizar actividades futuras

Se puede imponer una prohibición para ejercer en el futuro aquellas actividades que hayan sido utilizadas para ocultar o cometer el delito. Esta prohibición puede ser temporal (hasta quince años) o permanente.

4. Inhabilitación

La persona jurídica puede ser inhabilitada para:

• Contratar con el sector público.
• Recibir subvenciones, ayudas públicas, o disfrutar de incentivos y beneficios fiscales o de la Seguridad Social. La duración de esta sanción no podrá exceder de quince años.

5. Intervención judicial

Se puede ordenar la intervención judicial de la empresa con el fin de proteger los derechos de los acreedores o los trabajadores, por el tiempo que se considere necesario, sin superar un máximo de cinco años.

Preguntas frecuentes sobre la responsabilidad penal en personas jurídicas

A continuación, encontrarás una serie de preguntas frecuentes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sus causas de extinción, y las sanciones aplicables según el Código Penal. Estas preguntas ofrecen una visión clara y concisa sobre este complejo tema legal.

¿Qué es la prescripción en el ámbito penal para personas jurídicas?

La prescripción ocurre cuando ha transcurrido el tiempo legalmente establecido sin que se haya llevado a cabo el juicio contra la persona jurídica por el delito cometido.

¿Qué es la amnistía en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La amnistía es una medida en la que el Estado perdona las penas impuestas por ciertos delitos, extinguiendo la responsabilidad penal de la persona jurídica.

¿Cómo puede una persona jurídica reducir o extinguir su responsabilidad penal?

Una persona jurídica puede reducir o extinguir su responsabilidad penal si denuncia el delito de manera espontánea, ha implementado un programa de cumplimiento normativo antes de la comisión del delito, o si restituye los beneficios obtenidos ilegalmente, con la asistencia de un compliance officer que supervise la correcta implementación de estas medidas.

¿Qué es el artículo 66 bis del Código Penal y cómo afecta a las personas jurídicas?

El artículo 66 bis establece los criterios para la imposición de penas a las personas jurídicas, evaluando la necesidad de prevenir futuros delitos, las consecuencias económicas y sociales, y la responsabilidad de los administradores o representantes de la entidad.

¿Cuáles son las circunstancias atenuantes para la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

Las circunstancias atenuantes incluyen la confesión del delito, la colaboración con la investigación, la reparación del daño causado y la adopción de medidas preventivas para evitar futuros delitos.