Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

¿Te ha perjudicado alguna vez la actuación de una Administración, o incluso su falta de ella? En esos casos podríamos olvidar que tenemos derecho a ser indemnizados por estos daños que no tenemos por qué soportar.

Es de eso de lo que vamos a hablar en este breve artículo: De qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, donde está regulada, qué es necesario para que pueda considerarse que existe, cómo podemos iniciar el procedimiento para exigir nuestra indemnización y cuando prescribe, y algunos ejemplos de responsabilidad patrimonial.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública?

La responsabilidad patrimonial de la Administración Publica consiste en indemnizar a los ciudadanos por lesiones, o daños sufridos en sus bienes, por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Podría ser que la causante del daño haya sido más de una institución pública. A esto se le llamaría responsabilidad concurrente, y sucede cuando hay procedimientos en los que se ha establecido una colaboración.

¿Dónde podemos encontrar la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública?

Estas son fundamentalmente las bases legales que justifican el ejercicio de la responsabilidad patrimonial contra la Administración:

• La Constitución pone las bases en su artículo 106.2:

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
• Ley 40/2016, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

¿Qué es necesario para considerar que existe responsabilidad patrimonial de la Administración Pública?

La Administración Pública deberá responder por sus actos independientemente de que haya existido intención o simple negligencia.

Según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el daño del que pretendas ser indemnizado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

• Que sea efectivo significa que debes ser capaz de poder demostrar que se ha producido. Aquí juegan un papel fundamental las pruebas o documentos.
• También tiene que quedar claro que la Administración es la causante directa del daño que se ha producido.
• Que sea evaluable económicamente significa que tiene que ser posible calcular el daño causado en una cantidad de dinero. Por ejemplo, si nos ha hecho perder tiempo o nos ha causado simples molestias sin mayores consecuencias, no cabrá indemnización.
• Que sea individualizado significa que debe ser posible poner nombres y apellidos concretos a los afectados. No se podría alegar que ha sido la sociedad en general la perjudicada, ni ninguna otra fórmula ambigua.

Por último, el daño debe ser injustificado. Es decir, no debe haber norma alguna que justifique el daño o perjuicio que la Administración nos ha causado.

¿Cómo hacer una reclamación de responsabilidad patrimonial?

Un procedimiento de responsabilidad patrimonial podría iniciarse de oficio (a iniciativa de la propia Administración, que al ser consciente del daño que nos ha causado abre procedimiento para indemnizarlo) o a solicitud de los interesados.

Puedes realizar el proceso a través de cualquier registro electrónico, por ejemplo, aportando todos los documentos, informaciones, facturas y pruebas que creas que pueden ayudarte.

Deberías:

• Especificar las lesiones o pérdidas económicas producidas.
• Identificar a la Administración responsable del daño.
• Aportar cuanta documentación justifique el daño que alegas
• Tu propia evaluación económica de la responsabilidad patrimonial que se te debería abonar.

Desde Ródenas Abogados te recomendamos ponerte siempre en manos de expertos a la hora de realizar tu reclamación, pues en muchos casos es posible reclamar cantidades que no siempre son evidentes.

La indemnización por la reparación integral de los daños se calculará según los criterios de valoración establecidos en la legislación que se aplique, y está exenta de tributación en el IRPF.

Una vez recibida la reclamación y tramitado el expediente, y en caso de que la Administración acepte su responsabilidad, una se te propondrá una cifra que para indemnizarte. Durante lo que se denomina “trámite de audiencia”, tendrás entre 10 y 15 días para responder si estás conforme o no. Tras esto se dictará una resolución.  En caso de que se te deniegue tu petición de responsabilidad patrimonial o no estés conforme con la cifra propuesta por la Administración, podrás acudir a los tribunales y presentar recurso contencioso administrativo en un plazo de dos meses.

Prescripción en materia de la responsabilidad patrimonial

Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial prescribirá tras un año de producido el hecho que motive la indemnización o desde que se descubran sus consecuencias.

En caso de que la Administración no responda en 6 meses, se entenderá como desestimada la solicitud por silencio administrativo negativo y habrá que acudir a los tribunales.

Ejemplos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Responsabilidad patrimonial en el ámbito de la sanidad pública

Se aplica a personal médico contratado por la Sanidad Pública o Seguridad Social. Podría tratarse de casos de negligencia médica o la negación a recibir atención.

Responsabilidad patrimonial por mal estado de la vía pública

Se aplica cuando el deterioro de vías públicas ha causado cualquier incidente que haya provocado lesiones o pérdidas económicas.

Responsabilidad patrimonial a personal al servicio de la Administración

El personal al servicio de la Administración puede solicitar una indemnización si no se le han dado las condiciones correctas para su trabajo y eso le ha provocado un daño injustificado, sea por cuestiones de seguridad laboral o de cualquier otro tipo.

Responsabilidad patrimonial por mantenimientos defectuosos por defectuoso mantenimiento de un Organismo Público

Se trata de incidentes provocados negligencia o por falta de gestión correcta de la institución encargada, como pudiera ser la caída de una persona mayor debido a un suelo resbaladizo.